Ensayo sobre educación

 La crisis y desgaste de la educación en Argentina

En los últimos años, Argentina se presenta en una situación crítica de la educación en los distintos niveles, desde la alfabetización inicial hasta el sistema universitario. Esta situación se viene agravando y junto a distintas campañas y movilizaciones a lo largo del país se intenta demostrar y alarmar sobre esto, dejando en claro que este problema ya no es estadístico, sino una emergencia social.

El problema en la base del sistema inicial, primario y secundario.

 Según la Organización de las Naciones para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la alfabetización es una herramienta clave para empoderar y liberar a las personas. Además de ser un componente esencial del derecho a la educación, contribuye a mejorar la calidad de vida al ampliar las capacidades, lo que reduce la pobreza , fomenta la participación en el mercado laboral y genera impactos positivos en la salud y el desarrollo sostenible. 

En Argentina, una parte significativa de los alumnos de nivel primario lo completan sin estar completamente alfabetizados. Los últimos resultados del Estudio Regional Comparativo y Explicativo de la UNESCO (ERCE-UNESCO) de 2019 indican que en el país el 46% de los alumnos de 3er grado no alcanza los niveles mínimos de lectura. Más aún, en el sector más vulnerable, el 61,5% de los alumnos se ubica en el nivel más bajo de aprendizajes. En las pruebas nacionales Aprender Alfabetización 2024, 3 de cada 10 estudiantes de 3er grado no alcanzan el nivel mínimo de comprensión lectora y menos de la mitad de los alumnos –45%– alcanza el nivel esperado de lectura. A su vez, el Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) del año 2022 demostró que en el nivel secundario, 7 de cada 10 estudiantes de 15 años del nivel socioeconómico más bajo no alcanzan el nivel mínimo en lectura. 

A este déficit en la alfabetización, se le agrega una nueva cifra sobre la cantidad de alumnos del secundario que lo finalizan en tiempo y forma. Solo 10 de cada 100 estudiantes que comenzaron la primaria en 2013 lograron llegar al final de la secundaria en 2024, sin repetir ni abandonar. Esta cifra marca un retroceso respecto a años anteriores; en 2022, habían sido 13 de cada 100 los que llegaron en tiempo y forma, y para la cohorte 2009-2020 la cifra fue de 16 de cada 100. La jurisdicción con mejores resultados es CABA, donde el 23% de los estudiantes llega al final de la secundaria en tiempo y forma. Mientras que las provincias que presentan cifras más bajas son Chaco (3%) y Santiago del Estero, Misiones y Catamarca (todas con 4%). 

Si bien hubo un aumento en la proporción de estudiantes que llegan al último año de la secundaria en comparación con la cohorte 2011-2022  –como en las provincias de Tierra del Fuego y Rio Negro–, la caída con respecto a 2022 se explica por un deterioro en los niveles de aprendizaje, específicamente matemática con una caída de 5,5 puntos. 

Esto señala la existencia de una marcada relación entre los resultados educativos por jurisdicción y el nivel socioeconómico de los estudiantes. Se observa que la provincia con el Índice de Resultados Escolares más bajo Chaco es la segunda provincia con mayor proporción de estudiantes en los niveles socioeconómicos más vulnerables. En el otro extremo, CABA presenta el Índice de Resultados Escolares más elevado y también la mayor proporción de estudiantes en el más alto nivel socioeconómico. 

Esta degradación en las aulas de la educación obligatoria no es un hecho aislado, responde a un sostenido proceso de desinversión material. Dado que las provincias argentinas financian, en promedio, el 75% del presupuesto educativo total del país, las variaciones que se realicen en los presupuestos nacionales determinan la calidad del sistema.

Esto se puede observar en el gasto ejecutado en la función de “Educación y Cultura” en 19 de las 24 jurisdicciones del país durante el año 2024 fue inferior, en términos reales, al registrado diez años antes, en 2014. Este deterioro se agudizó de manera drástica en el corto plazo; al comparar 2024 con el año previo, se evidencia que 21 provincias aplicaron recortes reales sobre sus presupuestos educativos. Entendiendo que el 90% del gasto educativo provincial se destina a la masa salarial, cualquier contracción presupuestaria impacta de manera directa sobre los ingresos de los docentes. Los salarios docentes se presentaron en 2025 en términos reales más bajos que los de 2014 en 21 provincias. El contexto macroeconómico condiciona de manera decisiva la capacidad de financiamiento educativo. Un PBI per cápita en descenso, el estancamiento del empleo formal, la caída de los salarios reales, la alta inflación y el aumento de la pobreza limitan los recursos disponibles y la posibilidad de sostener o incrementar el gasto público en educación. 

El colapso en el sistema universitario.

El proceso de exclusión y pérdida de calidad no finaliza en la educación obligatoria. Aquellos estudiantes que logran ingresar al nivel superior se encuentran con un sistema universitario –que alberga a más de dos millones de estudiantes en más de 60 instituciones públicas– sumido en una crisis de financiamiento sin precedentes en el poder adquisitivo del sector.

En este caso es el Estado Nacional quien financia las universidades públicas, destinando el 88% de esos fondos al sostenimiento del personal. Este vaciamiento presupuestario nacional ha replicado y profundizado el esquema de asfixia. Según datos del Departamento de Economía y Administración de la Universidad Nacional de Quilmes (DEyA-UNQ), entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, el salario real de los docentes y no docentes universitarios acumuló una caída del 33,4%. Este deterioro implica que el poder de compra de los educadores superiores se redujo a tal punto que hoy solo pueden adquirir dos tercios de la canasta a la que accedían a fines de 2023. De hecho, para revertir esta pérdida, se requeriría un incremento nominal inmediato cercano al 50%. 

Esta devaluación económica afecta a un cuerpo de alrededor de 220.000 cargos docentes, cuya estructura se encuentra severamente precarizada, el 70% corresponde a dedicaciones simples. A fines de 2025, la remuneración bruta mensual de un docente adjunto estaba en $334 mil pesos brutos, cuando debería de ubicarse en $495 mil pesos. En términos acumulados, a lo largo de esos 24 meses una dedicación exclusiva resignó más de 10,4 millones de pesos de poder adquisitivo. En el caso del personal no-docente, su salario básico se encuentra con una pérdida acumulada en términos reales entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024 en torno al 30%.

La reducción presupuestaria limita además la incorporación de nuevos proyectos, y se ve comprometida la continuidad de líneas de investigación ya existentes, y debilita los mecanismos de formación de recursos humanos altamente calificados. Como se puede observar en los salarios en términos reales del personal del CONICET, donde se registró una caída acumulada del 38,5% entre noviembre de 2023 y diciembre de 2025. Además, los empleados estatales (SINEP) perdieron un 29,9% en el mismo período (CIICTI - FEDUM, 2025). Esto sugiere un patrón generalizado de ajuste sobre el empleo público calificado y las actividades de investigación. 

Los datos expuestos demuestran que la crisis educativa en Argentina no constituye un fenómeno aislado de un nivel en particular, sino un proceso de desgaste sistemático, continuo y acumulativo. Esto presenta que el deterioro pedagógico no es una consecuencia fortuita ni un problema de aptitud de los estudiantes, sino el resultado directo de decisiones políticas que han desvalorizado de forma sostenida los sistemas educativos. 

Esta reacción en cadena desarma el histórico motor de movilidad social ascendente que caracteriza al país. Cuando la escuela primaria no logra alfabetizar, la secundaria se transforma en un modo de exclusión socioeconómica y la universidad pública está sometida a una asfixia, el destino de los estudiantes queda nuevamente conectado a su contexto. El sistema educacional actual corre el riesgo de transformarse en un mecanismo institucional que termina perpetuando la desigualdad estructural, no solo individual sino el desarrollo estratégico de la nación.